Mediante un comunicado señala que da a conocer este pronunciamiento de acuerdo a lo referido en el artículo 2º, numerales 2, 4 y 5 de su Ley de Creación, donde se establece el deber de expresar su opinión sobre temas de interés público que preocupan profundamente a la sociedad venezolana.
Sobre este particular, la ACADING, señala lo siguiente:
“A partir del año 2007, el Gobierno Nacional efectuó numerosas contrataciones de grandes obras públicas mediante asignaciones directas, eludiendo los mecanismos previstos en la Ley de Contrataciones Públicas, lo cual se justificó en el hecho de que se trataba de “acuerdos país a país”.
Estas contrataciones se efectuaron con empresas brasileñas, cubanas, españolas italianas, chinas, rusas, bielorrusas, iraníes, portuguesas y turcas, entre otras. El hecho de no licitar las obras y en su lugar, adjudicarlas mediante asignación directa a empresas extranjeras, impidió la libre competencia con empresas nacionales, las cuales se vieron desplazadas a un segundo plano, cuando en el mejor de los casos asumieron el rol de subcontratistas.
Esta modalidad de contratación de obras, también impidió el establecimiento de parámetros de comparación de precios. El resultado, determinado a posteriori por las organizaciones profesionales de ingenieros, fue evidenciar que en la contratación de obras hubo precios unitarios muy superiores a los valores internacionales. Un agravante adicional, lo constituyó la falta de desarrollo de un adecuado proceso de transferencia tecnológica, lo que ha causado perjuicios al desarrollo la ingeniería venezolana.
Entre los sectores afectados por estas contrataciones están, el sector de transporte colectivo y de carga, el sector eléctrico y el de la vivienda de interés social a cargo de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
La inconveniencia de este procedimiento se reflejó en los contratos asignados a la empresa brasileña Odebretch, que ha reconocido públicamente haber pagado millonarias comisiones a funcionarios públicos de varios países, para lograr la asignación de numerosos contratos de obras, en condiciones de presumibles sobreprecios. Entre los países mencionados por la propia empresa está Venezuela, donde Odebrecht ha reconocido el pago de sobornos por un valor de 98 millones de dólares.
La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat demanda del Gobierno Nacional el apremio del caso, y que en consecuencia proceda según compete y actúe, para que esta situación sea investigada y aclarada y para aquellos que fueren encontrados culpables, independientemente de su categoría y funciones, solicite, ante los órganos jurisdiccionales competentes, el castigo correspondiente, de acuerdo a lo establecido en la Ley contra la Corrupción. Y al Colegio de Ingenieros de Venezuela que someta al Tribunal Disciplinario a los colegiados que pudieran estar incursos en el delito de concierto con contratista o de tráfico de influencias en el caso mencionado.
La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat ratifica la necesidad de que se garantice la participación de la ingeniería venezolana en la construcción de obras públicas”.
