Explotar los recursos no renovables y su industrialización exige del país y, especialmente, de sus autoridades capacitación, experiencia y competencias técnicas, para obtener el máximo provecho económico, un óptimo valor agregado con base en la creación y/o fortalecimiento de industrias de bienes de capital, tanto privadas como estatales, con un irrestricto respeto con la naturaleza, sentido social, fomento a la inversión y una responsable y racional política de industrialización de nuestros recursos naturales.
Una característica fundamental de la industria minero-metalúrgica es que los proyectos requieren de grandes inversiones, su implementación implica costosa tecnología, infraestructura y servicios además de plazos de implantación medianos a largos. Al ser una actividad extractiva la minería, independiente del método de explotación, genera una serie de impactos en el sistema biofísico, social, cultural, económico y político de una región. Deben conocerse y analizarse los impactos positivos y negativos que se generen alrededor de esta actividad.
Sin una estrategia clara de negocio son pocas las posibilidades de éxito. Se requiere iniciar un proceso de planificación de negocios que sea el soporte para elaborar un plan minero convincente, integral y nacional que, a su vez, genere negocios exitosos. El gobierno en estos últimos años ha descuidado sus funciones y responsabilidades dedicándose sin éxito a las actividades empresariales y descuidando la sana competencia, prácticamente inexistente por falta de planes (visión, objetivos, tácticas y estrategias) y, obviamente, sin beneficios ni renta. El centralismo de la industria minera y de la economía en general ha sido un rotundo fracaso que se agravó con la caída de los precios del petróleo.
Para que la industria minera pueda operar eficientemente es indispensable restablecer la liberalización de la economía, el ordenamiento y la organización institucional de la actividad minera, menos controles y que el Estado solo ejerza las responsabilidades que les correspondan, como, por ejemplo, Formulación de la Política y un Plan Rector; Elaboración de planes de Ordenamiento Territorial y Normas de buena Práctica, para solo citar varios de muchos elementos abandonados.
La industria minera y sus afines, incluyendo el ambiente, presenta un cuadro alejado de lo que debería constituir un sector de desarrollo sustentable para el país, fuente de trabajo para los trabajadores, profesionales y empresarios del sector. Existe un estado de dependencia a causa, entre otros, de la ausencia de estímulo a la participación de empresas privadas venezolanas profesionalmente integradas, la pequeña y mediana minería independiente e inversión. El Gobierno, a pesar de que no posee ninguna fortaleza en minería, ha planteado su participación a través de las “empresas mixtas” sin tener reservas certificadas para este fin siendo, desde el punto de vista empresarial, ilógico un Estado inversionista en una actividad de riesgo como la minera. Su papel más bien debe ser promotor de las actividades mineras.
Por esta vía, el Gobierno se convierte en empresario e inversionista, y/o accionista, simultáneamente, debiendo actuar en la generación de valor, lo cual no es su papel, dependiendo del riesgo de la empresa y de las decisiones de financiamiento de la dirección de la empresa constituida. A la fecha, la política de las expropiaciones y/o la suspensión mal aplicada de las concesiones le ha hecho perder a los venezolanos por las decisiones de arbitraje mineros internacionales unos US$ 2.000 millones. De ahí que los proyectos que se pretendan realizar ya están “penalizados”, lo cual es un elemento a tomar en cuenta en la constitución de algunas EE.MM. Según la encuesta de empresas mineras publicada recientemente por el prestigioso Instituto Fraser de Canadá, desde 2013 Venezuela aparece entre los países con más baja puntuación en cuanto al índice de atracción de inversiones y como escenario para desarrollar la actividad minera.
En conclusión, el Gobierno ha actuado de espaldas a las instituciones, tanto públicas y privadas, profesionales, académicas y laborales relacionadas con la minería. Su actuación no ha favorecido la revisión y adecuación del marco legal ni la función contralora sobre los entes públicos y privados que de alguna manera actúan en el Sector Minero. Es decir, el otro aspecto fundamental para el desarrollo del sector minero metalúrgico nacional debe ser el fortalecimiento institucional donde Venezuela está a la retaguardia de otros países de la región y requiere la posibilidad de implementar programas con la ayuda de organismos internacionales como el Banco Mundial que posee experiencia positiva en Sur América.
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SVIMM-Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos
La SVIMM agrupa en su seno la más amplia experiencia nacional e internacional en materia minera y metalúrgica con el único propósito de contribuir con el desarrollo eficiente, productivo y eficaz de nuestros recursos naturales.
Ing. Luis Francisco Rivero, Secretario General
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