El documento señala lo siguiente:
La evaluación del comportamiento del sector durante el año 2011, revela en cifras la crisis que vive la agricultura nacional, lo cual impide garantizar la seguridad alimentaria de la población, contribuir con el desarrollo armónico de la economía y asegurar el progreso social de sus trabajadores. Los elementos relevantes que se destacan de la mencionada evaluación, permiten aseverar lo siguiente:
a. La producción agropecuaria nacional fue deficitaria, para satisfacer la demanda de alimentos, sólo abasteció aproximadamente 50% de lo requerido.
La población venezolana consumió un total de 17,8 millones de toneladas de alimentos. La producción de alimentos alcanzó 9,6 millones, lo que equivale a 53% del consumo total, obligando a una importación de 8,2 millones o sea 47% de las necesidades alimentarias.
b. El área sembrada para producir alimentos de origen vegetal, sólo alcanzó 40% del total requerido.
El área cosechada alcanzó a 1,52 millones de hectáreas (ha), para satisfacer la demanda se requiere un mínimo de 3,5 millones de hectáreas, es decir se necesita una superficie 2,5 veces mayor a la actual. La superficie sembrada, se ubicó como mínimo histórico desde el año 1978.
c. La producción de alimentos de origen vegetal fue deficitaria, alcanzó sólo 67% del total requerido, la diferencia fue satisfecha con productos importados.
El consumo de alimentos de origen vegetal ascendió a 14,2 millones de toneladas, la producción interna llegó a 7,04 millones y se importaron 7,1 millones a un costo de 4.020 millones de dólares estadounidenses (USD).
d. La masiva importación de alimentos es consecuencia del abandono de la agricultura
La importación de alimentos de origen vegetal se correspondió con una superficie nacional cosechada de productos de origen vegetal equivalente a 1,94 millones de hectáreas. Los renglones con mayor déficit en área cultivada fueron: soya (560.000 ha), maíz blanco y amarillo (550.000 ha), sorgo (332.000 ha) y caña de azúcar (200.000 ha)
e. La producción de alimento de origen animal fue deficitaria, alcanzó sólo 40% del total requerido, la diferencia fue satisfecha con productos importados.
El consumo de carne de vacuno, porcinos, leche, aves y huevos ascendió a 3,60 millones de toneladas, la producción interna fue de 2,6 millones y se importaron 1,04 millones, con un costo de 3.910 millones de USD.
Se contó con un rebaño aproximado de 18,5 millones de animales adultos, constituido por 16,7 millones para producir carne y queso y 387.000 vacas productoras de leche. Los requerimientos son de 28,9 millones de animales para carne y queso y 872.083 vacas en ordeño, es decir 40% por encima del rebaño actual. El consumo de carne de pollo se ubicó en 1.248.000 toneladas, la producción en 993.192, que se correspondió con 497 millones de cabezas beneficiadas; la importación ascendió a 254.800 toneladas, con lo cual se cubrió aproximadamente 70% de lo requerido.
f. La superficie de siembra bajo riego ha estado subutilizada en más del 50%, en relación con la superficie disponible.
Se estima que actualmente se utiliza una superficie bajo riego de unas 325.645 hectáreas, el arroz ocupa 85.000 y la caña de azúcar 136.000, el resto es ocupado por frutales y hortalizas. A la fecha, la superficie bajo riego requerida para lograr un abastecimiento razonable de alimentos se estima en el orden de 702.000 hectáreas, lo cual configura una condición deficitaria del área bajo riego utilizada, por lo que se requieren unas 376.000 hectáreas adicionales. La capacidad instalada de embalses y represas del país, de ser utilizada a su máxima eficiencia, significaría adicionar una superficie productiva de aproximadamente 400.000 hectáreas, lo que permite cubrir con creces las necesidades nacionales.
Es el momento de dedicar tiempo y recursos para analizar las consecuencias de permanecer sin asumir los correctivos. No aprovechar las oportunidades económicas en términos agrícolas, usualmente asociadas con eventos de negativas consecuencias para la población, como lo son cambios climáticos y sus secuelas, así como problemas políticos y financieros que en el mundo se han acentuado, afectando la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria, es un desperdicio de capacidades de producción local.
Venezuela, de tomar un rumbo favorable mediante acciones inmediatas y mediatas, pudiera posicionarse estratégicamente como un suplidor confiable de productos alimenticios a escala mundial y alejarse de la dependencia alimentaria amenazante.
Las causas de la actual situación del agro en el país, en la cual pasamos de ser autosuficientes a importadores de rubros básicos, se ubican en las políticas de Estado establecidas en los últimos quince años:
i. En primer término, el abandono a los cultivos tradicionales donde históricamente hemos sido eficientes y altamente competitivos, café, cacao, arroz, caña de azúcar, es directa consecuencia del manejo discrecional gubernamental de los recursos económicos y políticos más el cúmulo de restricciones a la libre empresa en todos los ámbitos del país.
ii. Seguidamente, la confiscación del aparato productivo agropecuario mediante la aplicación de políticas de expropiaciones a fincas y fundos en producción permanente; en función de combatir compulsivamente una malinterpretada posesión extensiva de tierras. Como consecuencia, se establece la disminución de la actividad privada, no sólo en la cantidad de tierras ahora manejadas por el Estado, sino por la desinversión a consecuencia del desincentivo a la producción, lo cual repercute negativamente en el volumen cosechado localmente.
iii. En tercer lugar se observa una infraestructura nacional en decadencia, que incrementa los costos de producción a niveles irracionales, sumado a la imposibilidad del productor de recuperarlos a consecuencia de los severos controles de precio, impidiendo el aumento de producción a los niveles requeridos.
iv. Finalmente, las políticas de permisos legales y carteras crediticias retrasan todos los procesos de un sector que depende en mucho de las oportunidades presentadas por las condiciones climáticas. La actual burocracia nacional obliga a desperdiciar oportunidades o a sub-utilizarlas al no obtener los recursos financieros e industriales a tiempo para las inversiones correspondientes.
En función de lo anterior nos permitimos señalar los cambios más importantes que deben producirse en el corto plazo, para rescatar la producción y productividad del sector, de manera de ser competitivos en el mercado internacional y disminuir la brecha existente en la balanza de pagos en materia agroalimentaria:
I. Respetar y hacer respetar los Artículos 112, 115, 116 y 299 de la Constitución Nacional vigente que garantiza: el libre ejercicio de la actividad económica, el derecho de propiedad, la no confiscación de bienes y el sistema económico y desarrollo agrícola respectivamente. Sólo mediante el otorgamiento de títulos de propiedad sobre la tierra, al poseedor legal de la misma, se podrá generar el incentivo en la población para revertir la desinversión privada y reinsertar las tierras productivas en los rubros que cada productor considere económicamente viable dentro del marco del Plan Estratégico de Desarrollo Agrícola Nacional que proponga el Estado.
II. Corregir la dispersión de la organización institucional del sector agrícola nacional. Se requiere de la simplificación de procesos legales para la producción, comercialización, transformación y distribución de alimentos de manera de reducir los costos asociados y facilitar las decisiones de consumo a la población, mediante una mayor oferta de productos agrícolas y pecuarios.
III. Reunir nuestro mejor talento nacional para abordar sin demora la elaboración de un Plan Estratégico de Desarrollo Agrícola Nacional a largo plazo, con un horizonte de planificación de 25 años, donde se establezcan acciones y prioridades de gestión a corto, mediano y largo plazo, a manera de una propuesta para el desarrollo de una Agricultura sustentable que asegure la soberanía alimentaria de la población. La propuesta citada debe contar con el apoyo, consulta y participación de los actores clave, en lo político, docente, investigación, transferencia, comercio y transformación.
IV. Impulsar la preparación y capacitación de recursos humanos, en forma perentoria, a la investigación agrícola y transferencia de tecnología que garantice la sustentabilidad ecológica, la consolidación del medio rural, la fortaleza económica y competitividad comercial del sector.
V. Eliminar las restricciones de producción sobre tierras y dejar la decisión de siembra en el agricultor.
VI. Establecer un plan de inversión en el rescate de la infraestructura vial e hidrológica, que permita la ampliación de la superficie de tierras hábiles para la producción agrícola y pecuaria y la reducción de costos de traslado de la producción a los centros de procesamiento y comercialización
VII. Facilitar los elementos de comercialización de insumos para la producción, sin restricciones arancelarias o impositivas. Es necesario entonces, que el Estado sólo actúe como promotor de actividades agrícolas y se retire de toda comercialización directa de productos, insumos y maquinarias agrícolas.
VIII. Mejorar las transacciones financieras del sector, corrigiendo las limitaciones actuales, incluyendo controles de precio, la indisponibilidad de divisas para compra de insumos y maquinarias, las carteras crediticias bancarias y los permisos de producción. Sólo mediante la libre transaccionalidad en la economía es posible agilizar el retorno de la inversión privada en el campo venezolano
IX. Adecuar todas las normativas gubernamentales a los acuerdos de inserción internacional, en particular con la CAN y MERCOSUR, para facilitar el intercambio comercial y aumentar la oferta de productos para la población, dejando en ella la decisión de compra del producto que mas le convenga.
Comprometidos con la agricultura nacional y con Venezuela toda, continuaremos atentos a las políticas y estrategias que el Estado implemente en función de garantizar la seguridad agroalimentaria de la población.
Foto: Ing. Agrónomo Benito Andrade
