El país no cuenta con una política clara que permita garantizar fomento y protección del arbolado urbano como parte integrante del patrimonio natural de nuestras ciudades. En otras latitudes esta es una competencia municipal, dijo el Presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Forestales, Ing. For. Tulio R. Bastidas Viloria.
“Es, por demás, bochornoso el espectáculo al que nos tiene acostumbrados la administración del servicio eléctrico en muchas de nuestras ciudades, en su práctica abusiva e irrespetuosa de intervenir y maltratar a ese entrañable amigo al que cantamos entonando, muchas veces a medias, el himno que escribiera el ilustre yaracuyano Don Alfredo Pietri: Al árbol debemos… Me refiero a la bárbara mutilación de los árboles que, por alguna razón para su desdicha, interfieren en el tendido eléctrico; aunque, bueno es decir, que con frecuencia y a pesar de las extremas sanciones con que amenaza la novísima y a la vez inútil Ley de Bosques, muchas personas, no conformes con tal tragedia, los envenenan o los anillan para causarles la muerte, cuando no proceden a su tala, aún sin contar con la respectiva autorización para ello.
Las citadas corporaciones, así como los órganos de administración del arbolado, áreas verdes y parques, en su loable propósito de atender a los problemas de exclusión y desempleo, han optado desde hace tiempo, simplemente, por armar de machetes y poderosas motosierras, no siempre bien afilados, a personas que carecen de las mínimas nociones sobre el tratamiento de los árboles, pero es que, además, quienes los dirigen igualmente carecen de formación para la gestión y manejo de tan importantes componentes del paisaje urbano.
Ciertamente el drama comienza en el diseño de los urbanismos. Muchos proyectistas en el afán de maximizar el aprovechamiento del terreno, con anuencia de las administraciones municipales y la venia organismos de la administración central con competencia urbanística y ambiental, eliminan todos los árboles en las áreas a intervenir y, en supuesta compensación, prevén escasos espacios para la hoyadura, con frecuencia restringidos a 40 - 50 cm de lado y hasta menos, como si eso fuera suficiente para soportar desde plantas ornamentales herbáceas hasta árboles de gran porte, a lo que habría que agregar que quienes se encargan de la siembra no se percatan de que el suelo ha sido compactado, ni de la existencia de cables u otras instalaciones superficiales o subterráneas. Todo ello resulta en un ambiente de extremas restricciones para el desarrollo de árboles y arbustos, los cuales terminan por constituirse en elementos con diversos grados de riesgo para las personas y los bienes. No obstante, conviene recalcar, que tales circunstancias no pueden ser óbice para permitir el macheteo indiscriminado, verdaderas masacres, sin observar elementales normas de procedimiento, así como tampoco, las características biológicas y la arquitectura de tales elementos vivos.
La poda de los árboles técnicamente concebida comprende una secuencia de pasos que deben terminar en un corte limpio, sin ocasionar el desgarramiento de las ramas y a ras del tronco para no dejar muñones, a partir los cuales puedan brotar ramas adventicias de rápido crecimiento que desequilibran al individuo y, por demás, contribuyen al deterioro del paisaje citadino.
El país no cuenta con una política clara que permita garantizar fomento y protección del arbolado urbano como parte integrante del patrimonio natural de nuestras ciudades. En otras latitudes esta es una competencia municipal. Allá los árboles tienen cada su propio registro, que comprende una serie aspectos como su identificación, ubicación exacta, características morfológicas, estado fitosanitario, la planificación de su gestión individual y registro de las intervenciones de que han sido objeto. El alcalde, como máxima autoridad local, es el sumo responsable de su manejo y existencia, dado el valor que tiene en función del logro de los objetivos de sustentabilidad que se han planteado muchos gobiernos municipales hasta lograr la certificación verde.
Ya es tiempo de poner coto a tanto daño a los árboles de la ciudad, así como de establecer un control estricto a la poda drástica e indiscriminada y a la tala. Toda intervención del arbolado de la ciudad debe ser sustentada en el juicio de un técnico competente y calificado, mediante acto motivado y realizada por un personal capacitado, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad local.
Como seres vivos los árboles merecen respeto y tienen derecho a la vida. Como bien ambiental tienen derecho a ser protegidos y a no ser dañados. Nuestras ciudades no pueden seguir perdiendo su verdor y nosotros, como habitantes de ellas, no debemos ni podemos la pérdida progresiva de toda posibilidad inmediata de contacto con la naturaleza, condenados a la soledad”* Presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Forestales.
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