En los años 60s el estado Barinas poseía 810 mil hectáreas (ha) de bosques protegidos como reserva forestal. Desde entonces la deforestación con fines agropecuarios ha sido una práctica cotidiana de la cual no han estado exentas esas áreas, a pesar de haber sido concebidas para conservar tierras y bosques públicos destinados a asegurar la producción forestal y garantizar el abastecimiento de la industria maderera nacional. De los bosques de San Camilo, Ticoporo y Caparo es poco lo que queda. De las más de 180 mil ha de estos sólo quedan algunos lotes aislados, uno de los cuales, ubicado en su parte occidental, es mantenido por la Universidad de Los Andes (ULA) desde 1970, cuando lo recibe en comodato, para hacer de dicha Unidad una de sus estaciones experimentales más importantes. En ella se han desarrollado más de 400 proyectos de investigación que han arrojado luces al conocimiento científico y resultados aplicables al manejo forestal sostenible.
Hoy sabemos que esa muestra del bosque húmedo tropical barinés se caracteriza por su exuberancia, gran altura, alta densidad y variación en su composición florística arbórea organizada en tres estratos, más la comunidad baja que se cobija a la sombra de los árboles, el sotobosque, que a su vez es denso y biológicamente rico. Allí cohabitan más de 400 especies vegetales de distintos biotipos (árboles, arbustos, hierbas, lianas y bejucos) y el epifitismo es un rasgo conspicuo. La vegetación sirve de hábitat para centenares de especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios e insectos, muchos de ellos registrados en los 40 años de investigación. Gracias al conocimiento logrado, en 1997 la Universidad, ante la inminente afectación del área y basada en los términos del comodato, decide suspender toda actividad extractiva de madera con el fin supremo de preservar la biodiversidad existente. Tal decisión, tan sabia como oportuna, fue recibida con beneplácito en medios científicos y forestales.
Pero el peligro no ha cesado. El relicto de 7.000 ha de la Unidad Experimental Caparo aún corre riesgo. A las amenazas de ayer se suman las de hoy. Las ocupaciones ilegales e invasiones persisten, a pesar de las decisiones de los órganos administrativos y jurisdiccionales que han ordenado el desalojo. El traspaso de bienhechurías es práctica común, utilizada para burlar la Ley. Hoy son otros los que abren picas y tienden alambres de púas para delimitar parcelas agrícolas y pecuarias que contrarían los objetivos de manejo; amén de la cacería furtiva y la extracción ilegal de madera, de la que no escapan las plantaciones experimentales (ensayos de especies), algunas de más de treinta años, en parte arrasadas para elaborar, de manera por demás criminal, estantillos con maderas preciosas (caoba y teca).
La Ley Orgánica para la Ordenación de Territorio dispone para este tipo de área la elaboración del plan de ordenación y reglamento de uso (PORU) para garantizar el logro de los objetivos que se proponen. Es hora de hacer valer el PORU de la reserva forestal Caparo como instrumento jurídico para la acción institucional mancomunada en defensa de tan importante patrimonio forestal. Aunamos nuestras voces para apoyar las iniciativas que llevan a cabo la Dirección de Bosques del Ministerio del Ambiente y la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA, para evitar la desaparición total y por siempre de ese pedazo del bosque tropófito piemontano semidesiduo barinés, como se le clasifica en el Mapa de Vegetación de Venezuela (1988).
El área experimental es generación de conocimiento y tecnología, y producción de material genético para la recuperación de las reservas forestales, los bosques del alto llano occidental y el desarrollo de sistemas agroforestales. En Caparo también se juega el futuro forestal venezolano y con él, el de nuestra noble profesión. Salvar la Unidad Experimental Caparo de la motosierra y el fuego es un imperativo nacional por demás categórico.
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Foto: Emilio Méndez
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