Concretar un proyecto habitacional requiere, como mínimo, de estudios de suelo, vialidad e impacto ambiental. La aprobación de la Dirección de Ingeniería Municipal de la alcaldía correspondiente es indispensable para el inicio de las obras. No obstante, expertos afirman que en Caracas los planes gubernamentales de vivienda no cumplen con ninguno de esos procedimientos.
"El Gobierno viola la normativa legal vigente en términos urbanísticos y de zonificación, la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, la Ley Orgánica del Ambiente, normas sanitarias y los códigos de construcción, control e inspección de la calidad de las obras", afirma María Graciela Flores, coordinadora del Centro de Estudios para la Vivienda y el Hábitat de la Universidad Metropolitana.
El ejemplo más palpable de las fallas en la planificación urbanística lo constituye Ciudad Caribia, en el Estado Vargas. La dificultad de acceso, la carencia de transporte público y los inconvenientes en el suministro de servicios públicos, como el agua, son evidencia de ello. Ramón Pérez, ingeniero civil especialista en estructuras, asegura que las pendientes sin protección que hay que atravesar para llegar al lugar y las dificultades para hacer un distribuidor en la autopista Caracas−La Guaira pueden dejar el conjunto aislado: "No basta con construir la vivienda, hay que conectarla con el mundo", subraya.
Violación de ordenanzas. Las ordenanzas de zonificación de 1951 son resultado de los estudios de la Comisión Nacional de Urbanismo, que ese año preparó el Plan Regulador de Caracas. Desde entonces, sus disposiciones fijan las reglas del juego sobre los usos de los terrenos en Caracas, y la vigilancia de su cumplimiento corresponde a las alcaldías. Sin embargo, el Gobierno nacional pasa por encima de la norma.
Víctor Rodríguez, director de Ingeniería Municipal de Sucre, asegura que los desarrollos habitacionales en la entidad dirigidos por el Ejecutivo se llevaron a cabo "sin consultar a la autoridad municipal, sin permisología, ni consenso". En Ciudad Mariche, por ejemplo, se estaría violando lo estipulado por la ordenanza en cuanto a la densidad permitida para esa área.
"Las ordenanzas no pueden ser regresivas. Eso significa que un parque, que es un bien público, no puede cambiar de zonificación a vivienda, que es un bien privado", señala Guillermo Barrios, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela.
Control de calidad. Por otra parte, la falta de cumplimiento de las normas municipales dificulta el control de las obras.
Los proyectos desarrollados por la Misión Vivienda en la capital responden a dos tipos de sistemas constructivos: con concreto armado y con estructuras metálicas. "Si se siguen los pasos adecuados, no tienen por qué ocurrir fallas estructurales, pues las edificaciones no presentan gran dificultad para su ejecución", explica Giovanni Bianco, secretario nacional del Colegio de Ingenieros.
Más allá de las estructuras, los problemas pueden surgir porque se dejaron de lado parámetros de desarrollo urbano vinculados con el tipo de uso de los terrenos, número de habitantes recomendado, vías de acceso y la creación de infraestructuras para el comercio y al recreación. "La vivienda no es sólo levantar paredes. Sin los urbanismos, sólo son cáscaras vacías", subraya Barrios Otro desarrollo habitacional por el que se han denunciado fallas en cuanto a los servicios y la accesibilidad es La Limonera, en Baruta. Complejo urbanístico con 432 apartamentos. Pérez sostiene que en este caso tampoco medio un estudio de impacto ambiental.
"Ese es un terreno en el que durante muchísimos años no se atrevían a construir porque había dudas en cuanto a la fiabilidad de los suelos.
Foto: Ing. Ramón Pérez
El Nacional – Caracas 19 de marzo de 2012
